Noviembre, 2011

“Deudocracia: hipotecando el futuro”, artículo de Mariola Olcina en la revista Ecologistas en Acción.

(CITO DE DICHO ARTÍCULO)

Este es el análisis en el que coinciden diversos activistas y expertos, procedentes de Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal, Bélgica y el Estado español, que se dieron cita en el Encuentro “Viviendo en deudocracia: la deuda en los países del Norte, aprendiendo del Sur”, a principios de octubre de 2011.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación?

A este escenario se ha llegado a causa de varias políticas confluyentes, de las que destacan dos. Por una parte, la promoción del endeudamiento desde la banca como respuesta a un exceso de liquidez. En el caso del Sur, este exceso de liquidez lo sufría la banca estadounidense a causa de los petrodólares depositados durante la década de los 60. En el endeudamiento de los PIIGS, los bancos franceses y alemanes acaparaban el dinero proveniente del excedente de la balanza comercial de estos dos países centrales de la UE. Los países europeos se han ido endeudando cada vez más, al igual que los países del Sur, desde que, a principios de los años 80, EE UU promoviera una gran subida de los tipos de interés y favoreciera que al capital financiero le saliera rentable el préstamo.

Por otra parte, en Europa se han aplicado reformas fiscales que favorecieron a empresas y familias de altos ingresos, compensando con el aumento de los impuestos indirectos unas recaudaciones de la renta y del patrimonio indulgentes con los más privilegiados. Esto supone una drástica reducción de los ingresos de los Estados, que pasan a depender cada vez más del crédito.

Un ejemplo de este proceso lo expone Luís Bernardo, de ATTAC Portugal, cuando explica que esta concentración de la riqueza es resultado también de “la financiarización de la economía, donde el ámbito productivo se ve dominado por el ámbito financiero”. Debido a que las reformas políticas, económicas y monetarias garantizan que las finanzas determinen lo productivo, en el país luso “tan solo 60 familias controlan el 40% de la riqueza y se benefician de paraísos fiscales como el de Madeira” y añade que “por consiguiente, esta desproporcionada concentración de la riqueza produce un aumento de las desigualdades”.

En el contexto europeo, esta situación de crisis social se agrava cuando en 2008 se produce la quiebra de algunas empresas y por tanto, aumenta el paro. Las consecuencias para los Estados son: ingresan menos porque hay menos gente cotizando y gastan más porque hay más gente cobrando la prestación del paro. Pero la factura de gasto aumenta aún más a causa del rescate bancario, que en el caso español, por ejemplo, asciende a un mínimo de 100.000 millones [1].

(…)

Un ejemplo de como una parte de la deuda pública proviene de la deuda privada es el de Irlanda. En 2008 el Gobierno irlandés garantizó el 100% de los depósitos bancarios. Es decir, si algún banco quebraba, la ciudadanía irlandesa asumiría el reembolso de todos los depósitos: unos 480.000 millones de euros. A continuación tuvo que nacionalizar el Allied Irish Bank inyectándole 48.500 millones (alrededor del 30% del PIB irlandés). Andy Storey, profesor de Política Económica y Desarrollo en la Universidad de Dublín, explica que “dos terceras partes de la deuda pública (irlandesa) se debe a la nacionalización de la deuda privada, al rescate de los bancos. Sin embargo, el peso de esa deuda recae sobre la ciudadanía a través de los ajustes sociales”.

En el caso de la economía española, según dos estudios elaborados por instituciones extranjeras [2], se puede estimar que a finales de 2009, el importe total de la deuda era de un 400% del PIB. Si se da por válida esta estimación, en mayo de 2011, la deuda alcanzaba, aproximadamente, 4,25 billones de euros en números absolutos. Según el Banco de España, del total de la deuda, lo que deben las Administraciones públicas representa menos de 700.000 millones de euros, las empresas 1,6 billones y las familias no llega a un billón. De manera que, la deuda contraída por los bancos españoles se mueve en torno a 1,35 billones de euros. En porcentajes, se concluye que la deuda pública representa un 16% del total, mientras que el 84% ha sido adquirida por actores privados, siendo los bancos con el 32% y las empresas no financieras con el 31%, los principales causantes del sobreendeudamiento en nuestro país.

Pero, “el problema no solo es el alto porcentaje de deuda contraída por el sector privado, sino que radica en que gran parte está avalada por el Estado”, afirma Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización. También señala que “la mayoría de acreedores son bancos franceses y alemanes, así que son ellos los que presionan para que la economía española esté lo más saneada posible”.

Estos acreedores obligan al Estado a priorizar el pago de esta deuda, “por encima incluso de la obligación básica de responder a las necesidades sociales de la población”, concluye Dani Gómez. De ahí, la reciente reforma constitucional, realizada sin referéndum, que fija un límite al déficit público garantizando como prioritario el pago de la deuda. El nuevo texto constitucional determina también que los créditos que genera dicha deuda “no podrán ser objeto de modificación o enmienda”, de manera que limita la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o decidir su repudio.

En este escenario, otra de las estrategias clave para hacer frente a la deuda es la privatización de servicios públicos.

(…)

[1] ¿Quién debe a quién?; “Vivir en deudocracia”, Icaria, 2011.

[2] Datos extraídos de “Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences”, elaborado por McKinsey Global Institute, y “Between the austerity and default”, editado por Research on Money y Finance.

(FIN DE LA CITA)

Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article7830.html